El artículo 14 de la Constitución española proclama el derecho a la
igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. Por su parte, el
artículo 9.2 consagra la obligación de los poderes públicos de promover
las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en
que se integra sean reales y efectivas.
La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico
universal reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos
humanos, entre los que destaca la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la
Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada
por España en 1983.
La igualdad es, asimismo, un principio fundamental en la Unión Europea.
Desde la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, el 1 de mayo de
1999, la igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de las
desigualdades entre unas y otros son un objetivo que debe integrarse en
todas las políticas y acciones de la Unión y de sus miembros.
El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, ha resultado ser insuficiente.
La violencia de género, la discriminación salarial, la discriminación en
las pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino, la todavía
escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad política,
social, cultural y económica, o los problemas de conciliación entre la
vida personal, laboral y familiar muestran cómo la igualdad plena,
efectiva, entre mujeres y hombres, aquella «perfecta igualdad que no
admitiera poder ni privilegio para unos ni incapacidad para otros», es todavía
hoy una tarea pendiente que precisa de nuevos instrumentos jurídicos.
Resulta necesaria, en efecto, una acción normativa dirigida a combatir
todas las manifestaciones aún subsistentes de discriminación, directa o
indirecta, por razón de sexo y a promover la igualdad real entre mujeres
y hombres, con remoción de los obstáculos y estereotipos sociales que
impiden alcanzarla. Esta exigencia se deriva de nuestro ordenamiento
constitucional e integra un genuino derecho de las mujeres, pero es a la
vez un elemento de enriquecimiento de la propia sociedad española, que
contribuirá al desarrollo económico y al aumento del empleo.
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (Vigente hasta el 01 de Enero de 2017)
